Sucedió hace tres meses en Medellín. Ana Fabricia Córdoba, líder campesina de 51 años, iba en un bus urbano cuando fue acribillada a bala por un sicario.
—¡Qué horror! ¿Habla en serio?
—Claro. Aunque, en honor a la verdad, debo decir que el sicario tuvo la prudencia de usar el silenciador para no desatar el caos entre los demás pasajeros.
—Yo pensé que en vuestro país ya no sucedían estas cosas.
—Es el pan de cada día. O bueno, de cada nueve días: en el último año mataron a otros cuarenta líderes indígenas y campesinos. Es nuestra manera de resolver conflictos.
Hace diez años, un grupo de criminales mató a su esposo, violó a su hija y la obligó a salir corriendo de las tierras que había heredado de sus abuelos, en la región del Urabá. Luego mataron a sus dos hijos. Y como todo el mundo se hacía el de la vista gorda, Ana Fabricia prometió no quedarse callada hasta que se hiciera justicia. De hecho, se convirtió en la voz de millones de desplazados que exigían la devolución de sus tierras.
—¿Y lo consiguió?
—No.
—Esto es una clara violación de los Derechos Humanos.
—No, no se apresure. Déjeme le explico una cosa: es que en Colombia no existen los Derechos Humanos. El gobierno anterior, el de un tal Uribe, los prohibió por decreto.
—Tenéis que hacer algo. No os podéis quedar de brazos cruzados.
—Eso es lo peor. Que no se puede hacer nada.
—¿Nada?
—Nada. Por mi parte, lo único que se me ocurre es dedicarle este post y evitar que su nombre caiga tan pronto en el olvido. Por lo menos, hasta el próximo partido de fútbol... Créame, ya habremos logrado bastante.
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