Caricaturista al banquillo

—¿O sea que el señor Presidente del Ecuador, en ejercicio de su Intolerancia Constitucional, armó tremendo lío porque le hicieron un dibujito en El Comercio?
   —La caricatura (foto arriba) se publicó el 28 de diciembre.
   —¿Y qué barbaridad hizo esta vez?
   —Dijo que el caricaturista, Xavier Bonilla ('Bonil'), era un «sicario de tinta». Y al otro día mandó el caso a la Superintendencia de Información y Comunicación.
   —¿Superintendencia de qué?
   —De Información y Comunicación. O sea, el tribunal que regula los contenidos periodísticos.
   —Nunca había escuchado algo así. ¿Y qué hizo Bonil?
   —Respondió al llamado. Envió un documento de siete folios con las citas de los reportes en los que se había basado para hacer el dibujo. Y le recordó al señor Presidente, por si todavía no lo tiene claro, la naturaleza de la caricatura como género de opinión: «Su sustrato y su esencia radican en la exageración de la realidad (...) Es una opinión humorística gráfica, por tanto sujeta a la perspectiva de quien la realiza como de quien la interpreta».
   —Me imagino que fue suficiente...
   —No del todo. Ahora la Superintendencia deberá decidir si acepta o rechaza la acusación contra Bonil. Eso es, al menos, lo que dice el reglamento de la Ley de Comunicación.
   —¿Reglamento? ¿Ley de qué?
   —Ley de Comunicación del Ecuador, aprobada en junio pasado a pesar de las múltiples críticas que recibió de organizaciones como Fundamedios o Human Rights Watch. Son 89 artículos que regulan los contenidos periodísticos en el país, incluyendo los que se publican en blogs, páginas webs, redes sociales y otros medios de comunicación por Internet.
   —¡Vaya socialismo! ¡Los ecuatorianos deberían denunciar esta situación!
   —No pueden. Tienen la nueva ley en su contra.
   —¡Entonces que echen al Presidente!
   —Tampoco pueden. Acaban de reelegirlo para un tercer período.
   —Ah, sí, se me olvidaba... Ha reformado la Constitución dos veces para seguir mandando. Lleva siete años ahí sentado y ahí seguirá, por lo menos, hasta 2017.  O hasta cuando él quiera. Todo depende de si le sigue torciendo el pescuezo a las normas constitucionales. Con la ley en la mano, hasta sentar a un caricaturista en el banquillo es posible. Y si no, pues se hace posible.